En los dos últimos años estamos observando una persecución sancionadora por parte de Ayuntamientos e Inspección de la Seguridad Social contra las actuaciones de música en directo, bien sea en locales o al aire libre. Fundamentalmente se les acusa por contaminación acústica.
El resultado es el debilitamiento de la economía local, la anulación de decenas de contratos firmados, la desaparición de establecimientos emblemáticos que han servido a la cultura programando y arriesgando su dinero para crear escena local, para mantener cultura y trabajo. El resultado es que se persigue a empresarios locales que apuestan por la cultura de base mientras se puede proteger o incentivar a grandes negocios que acaban colocando 20.000 watios en la playa.
Y es que la música en vivo, en este caso, está regulada bajo la ley de protección medioambiental de ruidos y vibraciones.
Es posible conciliar la música en directo con el descanso de vecinos y vecinas. Se puede y se debe encontrar la compatibilidad de la música en directo con el respeto al descanso y al bienestar acústico del vecindario.