Ante la aprobación de un decreto ley para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo el sindicato reitera que los programas de Emple@Joven y demás planes de empleo contenidos en la Ley, no acometen una verdadera apuesta por la lucha contra el paro en nuestra Comunidad. “En cambio, -lamenta CCOO-, están sirviendo para mantener la precarización en el empleo juvenil y perjudicando al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la esfera local ya que los ayuntamientos, entre otras cuestiones, hacen uso de dobles escalas salariales”.
“Prácticas no laborales, contrataciones temporales sin garantizar los mínimos reconocidos en los convenios colectivos de aplicación o el propio Estatuto de los Trabajadores, bonos económicos para contrataciones en el ámbito privado abaratando el valor del trabajo y trasfiriendo rentas del trabajo a las del capital, son algunos de los instrumentos que recoge la Ley”, denuncia el sindicato, al tiempo que reivindica “cambios sustanciales” para garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos públicos con los que se están pagando estos planes.
En cuanto a la modificación que introduce el Decreto aprobado, CCOO considera que “no afronta los retos que tiene la Comunidad en cuanto a acabar con el paro juvenil y solo acomete la solución de temas burocráticos y de gestión, olvidando a las personas jóvenes y sus derechos laborales”.
En ese sentido, la central recuerda que lleva mucho tiempo manifestando que “el grave problema del desempleo juvenil en Andalucía no va a solucionarse con medidas inconexas como las que lleva tres años desarrollando la Junta de Andalucía y que han dado como resultado esta Ley”
El sindicato ha vuelto a pedir para Andalucía un verdadero Sistema Integral de Empleo Juvenil, “que podría estar sustentado perfectamente en el Sistema de Garantía Juvenil si el Gobierno Andaluz se decidiera a eliminar problemas internos y apostara por aprovechar los recursos económicos que vienen de Europa para crear empleo estable”. “Eso se conseguiría, añade CCOO, exigiendo más responsabilidad social a las empresas que contraten a jóvenes y cualificando de manera eficiente a las personas jóvenes que, por un lado, no tienen cualificación, y por otro, tras años en el paro -de larga duración- requieren de nuevas habilidades y destrezas para reincorporarse al mundo laboral”.
Sin embargo, en opinión de la central, el Gobierno Andaluz tiene una “política de inactividad” con este problema y solo reedita actuaciones sin evaluarlas. “La evaluación de los planes anteriores es clave, no desde el punto de vista numérico o de simple cuantificación de datos, sino desde una evaluación real y seria que permita reconducir situaciones y optimizar los escasos recursos a favor de las personas jóvenes y colectivos de población que más lo necesitan”.